Los opositores gallegos pueden respirar tranquilos. Tras semanas de incertidumbre, la incógnita la despejó este viernes el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo: habrá oposiciones en educación. Las habrá mediante una «apoyatura legal» que se presentará junto con los Presupuestos Generales del Estado y que desbloqueará una situación que ha tenido en vilo a miles de opositores durante semanas. Tanto que hasta once comunidades han desistido de convocar una oferta pública de empleo este año. Lo reconoció el portavoz del Gobierno: «Soy consciente de que los exámenes de maestros tienen lugar en julio y, por tanto, si hubiera que esperar a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, no habría tiempo material para realizarlos». Así que el Ejecutivo central ha tomado la decisión de buscar un instrumento legal que permita desbloquear la situación y que se presentará durante las próximas semanas, prácticamente sobre la bocina.   Esa apoyatura legal a la que se refirió Méndez de Vigo pasará por un decreto ley -que deberá ser refrendado por el Congreso de los Diputados– que fijará una tasa de reposición del 100 % del profesorado complementada con la posibilidad de bajar las tasas de interinidad hasta el 8 % durante los próximos tres años.Una decisión que se ha apresurado a celebrar la Consellería de Educación, ya que «é unha moi boa nova para os opositores de educación, que precisan de certezas e seguridade xurídica ante un proceso selectivo». La Xunta «está preparada», ya que en un clima de total incertidumbre avanzó en la tramitación de la convocatoria de oposiciones. La oferta de este 2017 quedó aprobada el pasado 2 de marzo: 1.043 plazas, de las que 912 serán de nuevo ingreso. Cuatrocientas son para el cuerpo de maestros, mientras que se reservan 540 para profesores de secundaria. Además, habrá 80 plazas para profesores de formación profesional y 23, todas de promoción interna, para los profesores de música y de artes escénicas, que han reclamado que también se incluyan plazas de nuevo ingreso. La convocatoria -cuyo borrador se presentó también en la mesa sectorial del pasado 2 de marzo- se publicará «tan pronto se aprobe o decreto lei que garanta a seguridade xurídica necesaria» por lo que la Xunta aguarda «que este texto normativo poida ser aprobado canto antes». La fecha límite, la que marcó el propio presidente de la Xunta cuando la incertidumbre se cernió sobre las plazas de educación, es mediados del mes de abril. El Gobierno trabaja con los plazos de presentar su anteproyecto de Presupuestos Generales a finales de marzo. De hecho, el próximo día 22 los sindicatos volverán a reunirse con Hacienda en la mesa general de la Administración pública «para concretar», según explicó Méndez de Vigo, que admitió que el Gobierno sabe «que hay mucha gente que ha estudiado, que se ha preocupado y que está preocupada con esta situación».   Las reacciones de los sindicatos tampoco se han hecho esperar. De «otra manobra política» calificó UGT una decisión que demuestra que «están facendo o que diciamos que tiñan que facer» desde el principio, según criticó CC. OO., que volvió a calificar de «esperpéntica» la situación que se ha vivido durante las últimas semanas. Una situación que según la CIG no tendría que haberse dado nunca. El sindicato criticó que «a Consellería de Educación non dá un paso sen o permiso de Madrid» y exigió, de nuevo, la convocatoria inmediata de unas plazas que, recordó «son insuficientes». El sindicato ANPE insistió en que la situación tiene que estar ya solventada y reclaman que en la mesa general que Hacienda ha convocado para el próximo 22 de marzo se diga cuándo y en qué términos se va a tramitar ese decreto ley que dé cobertura a la convocatoria de oposiciones. Una convocatoria que solo tendrá lugar en algunas comunidades. La mayoría han ido tomando la decisión de dejar para el 2018 o el 2019 las oposiciones. Tan solo el País Vasco llegó a convocar 740 plazas de maestro. Andalucía anunció desde el primer momento que convocaría oposiciones «sí o sí». Baleares también anunció que convocará plazas y Cataluña siempre ha mantenido su intención de hacerlo. Madrid, por su parte, permaneció en compás de espera desde que Hacienda anunció que sin Presupuestos Generales no se podía publicar oferta pública de empleo. 900 interinidades en el Sergas El Sergas mantuvo una reunión con los sindicatos para tratar el plan de estabilidad, que reducirá el porcentaje de eventuales del 8 al 5 %. La Xunta ya había trasladado a los trabajadores la intención de convertir en interinidades 438 contratos de trabajadores que realizan determinados servicios, pero ayer apuntó que en un corto o medio plazo se ofrecería un número semejante, lo que supone en total casi 900. En este caso afectaría a los trabajadores que realizan contratos de acumulación de tareas y llevan al menos dos años encadenándolos. CESM-O’Mega reclamó una mayor concreción de plazas y de plazos, ya que en un principio el Sergas habló del 2018 para esta última medida, algo que para los representantes de los médicos es demasiado tiempo. Además, en la reunión se trató la implantación progresiva de las especialidades de enfermería o la adaptación de las retribuciones de parte del personal de atención primaria según la libre elección de profesional por parte de los usuarios del sistema.   Fuente: lavozdegalicia